El juez anula una comisión de servicio porque no se justificó su necesidad

El juez anula una comisión de servicio porque no se justificó su necesidad

El recurso fue presentado por un funcionario que pidió antes esa misma plaza pero no recibió respuesta.

Badajoz. El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Mérida ha decidido anular una comisión de servicio concedida a una funcionaria después de quedar probado que la plaza que se le adjudicó temporalmente había sido solicitada previamente por otro funcionario al que no se le dio respuesta desde la administración regional.

El proceso judicial que ahora ha quedado resuelto fue presentado por un funcionario de carrera especialista en Química que tenía su puesto de trabajo en el Centro de Investigación Agraria de la finca 'La Orden'. Esa era su función hasta que en el año 2015 solicitó a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura autorización para trabajar en el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (Intaex), cuya sede está en Badajoz.

Su petición fue tratada por la Secretaría General con el entonces director del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), Germán Puebla, quien mostró una total disposición a acoger favorablemente su solicitud por entender que su incorporación al Intaex «sería interesante y útil para el funcionamiento del centro y un apoyo para la reestructuración del instituto». El acuerdo de movilidad voluntaria fue suscrito el día 27 de julio de 2015, por lo que este trabajador público se incorporó en Badajoz a la plaza que hasta poco antes había desarrollado otro funcionario. A partir de ese momento se hizo cargo de las funciones de gestión del mantenimiento y del correcto funcionamiento de los equipamientos y sistemas del Intaex.

Eso ocurrió en los últimos días de julio y en agosto se jubiló el funcionario al que había sustituido, por lo que la plaza que acababa de serle adjudicada por el acuerdo de movilidad voluntaria quedó vacante.

En ese momento, el funcionario recién incorporado solicitó al jefe de servicio de coordinación de Centros de Investigación, Juan Enrique Vión Pérez, que se le concediera una comisión de servicio para seguir ocupando la plaza en la que ya trabajaba.

La solicitud no recibió respuesta pero el 17 de febrero de 2016 el funcionario que había hecho esta petición recibió un correo electrónico de la Dirección General de la Función Pública en la que se le comunicaba que la plaza que estaba ocupando por el acuerdo de movilidad había sido adjudicada en comisión de servicio a otra funcionaria que había hecho esa solicitud el 15 de diciembre de 2015.

Tras conocer esa decisión, el perjudicado pidió que se le mantuviese en el puesto de trabajo que ya venía desempeñando. La Administración regional se opuso y el afectado recurrió en el juzgado.

Ahora, el contencioso-administrativo número 1 de Mérida publica un fallo en el que considera probado que la Dirección General de Función Pública de la Junta de Extremadura no respondió a la petición presentada por el funcionario para ocupar esa plaza en comisión de servicio mientras que sí lo hizo cuando lo pidió la funcionaria.

El juez llama la atención sobre el hecho de que en la resolución que concede la plaza a la funcionaria no se mencionen las razones concretas de urgencia y cualificación que justificaron esa medida. «De lo expuesto se deriva que la actuación de la Administración, si bien no es considerada como tal como una desviación de poder, sí que es claro que no respondió a unas razones objetivas y valorables».

El juzgado también pone de manifiesto que la comisión de servicio de esa plaza no fue ofertada públicamente ni fue objeto de publicación en el Portal de Transparencia y Participación de Extremadura conforme se determina en la resolución de la Consejería de Haciencia y Administración pública firmada el 8 de febrero de 2016.

Con estos argumentos, el juzgado estima parcialmente el recurso interpuesto por el funcionario, que ha contado con la representación del letrado Pedro del Pino.

El fallo obliga a la Dirección General de la Funcion Pública a anular y dejar sin efecto la comisión de servicio concedida, revocando por tanto el nombramiento, pero esa decisión no implica la adjudicación «automática» de esa comisión al funcionario que presentó el recurso. Por tanto, la Administración deberá cubrir ahora la plaza de acuerdo con la legislación y normativa en vigor.


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